La problemática de la seguridad en Guatemala, con ser grave, dista mucho de la que padecía el Salvador en su momento álgido, tanto en su etiología como en actores y consecuencias.

Un somero vistazo a las gráficas comparativas de homicidios por cada 100.000 habitantes arroja como resultado que el pico de mayor violencia de El Salvador en el 2015 con 103 casos triplica al de Guatemala para el mismo periodo, si bien en el año 2023 Guatemala superó con mucho a El Salvador con 16.7 por 2.4.

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Número de homicidios en Guatemala de 2014 a 2023 (por cada 100.000 habitantes)

El problema de la seguridad en Guatemala tiene más que ver con el crimen organizado y su infiltración a todos los niveles de la administración del Estado, cárteles de la droga y sus terminales que con las pandillas, que si bien controlan extensos territorios urbanos y amedrentan a la población bajo su férula, no constituyen por ahora una severa amenaza a la supervivencia o existencia del Estado guatemalteco. Asimismo el impacto económico de este flagelo, especialmente las extorsiones, la pérdida de competitividad por los costos agregados de seguridad, la fuga de capital humano y la mella en la imagen de país, con ser muy significativa no alcanza los niveles que postraban  al país vecino.

La implementación total del modelo de Bukele en Guatemala acarrearía severas consecuencias para la economía del país, mucho más diversificada y pujante que la salvadoreña, pues la sola imposición de un estado de excepción en la práctica sine die, supondría un duro golpe al turismo de Guatemala, una de las principales actividades económicas. Asimismo las medidas de control férreo que se imponen al socaire del estado de excepción, constituirían un severo limitante al ejercicio de las actividades y libertades ciudadanas, y está por ver cual sería su nivel de aceptación en las clases medias urbanas.

No obstante, un dirigente que tuviera una clara visión y fundamentada solvencia en políticas de seguridad democrática, un liderazgo amplio, limpio y sólido sí podría llevar a cabo estrategias de seguridad pública de impacto efectivas y efectistas que trajeran alivio a la población en la órbita de las acciones del presidente salvadoreño, especialmente de aquellas áreas más golpeadas por la presencia de pandillas. Aunque obligadamente habrían de partir de un consenso político y social, y de unas políticas de regeneración democrática y lucha contra la corrupción que, desde luego, no se vislumbran en un horizonte cercano.

Algunas de las acciones que podrían llevarse a cabo y que concitarían el unánime apoyo de la población, sería sin duda la reforma del sistema penitenciario, de la policía nacional civil, del código penal y la creación de un centro parecido al CECOT.

No obstante, y como se ha apuntado anteriormente, la implementación de un modelo con características similares, habría de ser objeto de consensos, y  habida  cuenta de la problemática de la violencia en Guatemala, no resolvería sino parcialmente un problema, pues el tratamiento de éste tiene más que ver con los flujos de droga y la presencia de carteles mexicanos, la precariedad social  y la corrupción enquistada en la administración; siendo pues, de obligada referencia buscar un modelo propio y que se atenga a la casuística nacional que no en la copia populista de modelos foráneos.